¿Cómo funciona el proyecto que permite postergar cuotas de créditos hipotecarios?
Debido a la crisis económica, producto del estallido y la pandemia, el gobierno llegó a un acuerdo con los bancos chilenos para afrontar el problema, creando un mecanismo que ayuda de manera fácil a postergar los créditos hipotecarios a aquellas personas que no han podido cumplir con sus obligaciones, incorporando garantías estatales sobre cuotas postergada.
Los deudores podrán postergar hasta 6 dividendo en un 100%, incluyendo a las personas que ya habían aplazado sus pagos en abril. El Fisco entregará una garantía por las nuevas cuotas en caso de que hayan ocurrido diferimientos previos, la garantía permitirá ampliar el diferimiento solo hasta completar el diferimiento total de 6 cuotas.
Lo bueno de esta garantía que ofrece el fisco es que cubrirá las cuotas postergadas en caso de incumplimiento y ejecución de la hipoteca, y tendrá una vigencia de 60 meses desde la postergación del crédito.
¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?
Podrán acceder todas las personas jefas o jefes de hogar que puedan demostrar que tuvieron caídas significativas en sus ingresos, desempleados o suspendidos que reciben beneficios del Fondo Nacional de Cesantía. También trabajadores independientes que puedan demostrar una caída en sus ingresos mensuales producto de la pandemia.
¿Cuáles son los requisitos que exigen?
- Caída de al menos un 25% de ingreso mensual
- La deuda corresponda al crédito hipotecario de la compra de la primera vivienda
- Primeras viviendas por un valor de hasta UF 10.000 (±UF 5.000 en avalúo fiscal), de acuerdo con la tasación original del crédito, lo que representa cerca de un 90% de las primeras viviendas
- La deuda en el pago no sea superior a 30 días
¿Cómo solicitarlo?
Los interesados deberán acercarse a su acreedor para solicitar “crédito de postergación. La operación será libre de impuestos y tendrá una tasa máxima equivalente a la tasa del crédito hipotecario cuyas cuotas se postergan. El crédito de postergación tendrá una garantía estatal con una duración máxima de cinco años.
